Teruel Existe lleva a la fiscalía 15 proyectos de energías renovables

 

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Teruel Existe ha dado un paso más con estas denuncias, ya que la formación venía alertando desde hacía tiempo de la falta de ordenación territorial previa para la implantación de centrales de energías renovables, así como de la falta de un plan energético, el fraccionamiento de proyectos y de líneas de muy alta tensión para disimular su impacto ambiental y la ocupación de espacios naturales y de alto valor paisajístico. Además, desde la formación se asegura que seguirán denunciando todas aquellas irregularidades que observen en la tramitación de los expedientes, tanto del INAGA como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En esta ocasión, el grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano ha sido el encargado de presentar una denuncia por posibles delitos ambientales ante los fiscales de Medio Ambiente de Teruel, Huesca y Zaragoza, y también en la fiscalía general del Estado (sala de medioambiente y urbanismo).

De este modo, se exponen 15 casos "flagrantes" de presuntas irregularidades constantes en la evaluación de plantas de energías renovables en Aragón para lo que la formación aporta pruebas y documentación para que las fiscalías evalúen si el INAGA está incurriendo en irregularidades administrativas en cuanto a que no se ha realizado una evaluación ambiental adecuada y ha existido infracción de la norma medioambiental.

De estos 15 casos, 6 son eólicos y 9 fotovoltaicos. Además, se localizan en las tres provincias aragonesas. En la de Teruel, están afectados los municipios de Muniesa, Loscos, Monforte de Moyuela, Huesa del Común, Cañada Vellida, Cuevas de Almudén, Alfambra, Orrios, Escucha y Jarque de la Val.

Por su parte, en la provincia de Huesca, las afecciones se focalizan en Castelflorite, Berbegal y Peralta de Alcofea, mientras que los siete de la provincia de Zaragoza se corresponden con los proyectos previstos en las poblaciones de Mediana de Aragón, San Mateo de Gállego, Puebla de Albortón, Valmadrid, Fuendetodos, Quinto de Ebro, Fuentes de Ebro, Alfajarín, Perdiguera y Zaragoza.

Según han explicado en rueda de prensa Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medio Ambiente, quien ha estado acompañado de Francisco Juárez, coordinador general de Aragón Existe, y Manolo Gimeno, del Movimiento ciudadano Teruel Existe, en el trabajo de estudio de los proyectos presentados que se ha realizado se corrobora cómo "las empresas han desarrollado una misma estrategia para conseguir que las evaluaciones de impacto sean casi un mero trámite administrativo".

En este sentido, señalan que han presentado denuncias de los 15 casos más representativos, pero "podrían hablar de muchos más casos, incluso de un centenar", por lo que solicitan que los fiscales valoren si se está produciendo un comportamiento generalizado con la fragmentación y tramitación irregular en todos los proyectos por parte del INAGA.

Además, tanto Aragón Existe como Teruel Existe están valorando la petición de una comisión de investigación en las Cortes. Con este objetivo, ambos partidos tienen previsto llevar a sus próximas ejecutivas un acuerdo para que, "cuando obtengamos una próxima representación parlamentaria en Aragón, solicitar una comisión de investigación de la tramitación de renovables en Aragón, tanto en el departamento de Industria como en el INAGA".

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha señalado que el 54% de los parques eólicos que hay en tramitación en estos momentos en Aragón son producto de una fragmentación irregular (57 instalaciones de un total de 104). Además, en cuanto a megaplantas fotovoltaicas, de 263 expedientes, 156 son producto de fragmentación irregular, un 59% de las mismas.

También han detallado que estas plantas "comparten infraestructuras básicas, se solapan espacialmente, se tramitaron a la vez o en breve espacio de tiempo y son tramitadas por el mismo grupo empresarial". De este modo, inciden en que la fragmentación irregular de proyectos -según sus datos crece exponencialmente en los tres últimos años-, es una práctica de determinadas empresas cuya finalidad es que la potencia prevista de la instalación no supere los 50 MW porque, si supera este umbral, la competencia para su autorización es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero si no lo supera, la competencia es de la Comunidad Autónoma.

De este modo, consideran que el Gobierno de Aragón "se ha arrogado para sí la competencia para su tramitación, sin inhibirse en favor de la Administración General del Estado, por cuanto se están tramitando, de manera artificiosa e indebida, proyectos claramente fragmentados".

Asimismo, el grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe detalla las facilidades que consideran que ofrece el Gobierno de Aragón en estos procedimientos. Entre ellas destaca el hecho de que los proyectos no son evaluados directamente por el órgano ambiental sino que el INAGA desde principios del año 2021 ha realizado contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de estos expedientes.

Desde la formación se incide en que estas empresas, a su vez, han elaborado para los promotores muchos de los estudios de impacto que son objeto de esta evaluación ambiental y tienen "algún tipo de relación de interés con el promotor del expediente", ya que continúan trabajando con esos mismos promotores en otros proyectos de energía renovable.

Una situación que no han dudado en calificar de "muy grave, y suponemos que no serán las mismas empresas las que se evalúen a sí mismas, pero de cualquier manera, trabajan para los mismos promotores, y como mínimo pone en evidencia un conflicto de intereses, de tal forma que el INAGA no está actuando de manera independiente y objetiva".

Además, indican que en las evaluaciones de impacto de Aragón, "y no en el Estado ni en otras Comunidades", se permite al promotor aportar documentación importante para su evaluación ambiental al expediente después de haber concluido el trámite de información pública.

Así, exponen que toda la documentación no ha sido sometida a exposición pública y el ciudadano no ha podido presentar alegaciones. También afirman que el INAGA no actúa como evaluador en la tramitación ambiental sino que actúa durante todo el procedimiento de manera proactiva, indicando a los promotores las medidas a considerar antes de emitir la Declaración de impacto ambiental (DIA), entre otros puntos recogidos en sus estudios.

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