La justicia obliga a Iberdrola a demoler una polémica presa en Teruel
Iberdrola se deberá hacer cargo de la demolición de la presa de los Toranes, construida sobre el río Mijares a su paso por Albentosa (Teruel), y de las instalaciones asociadas, al desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso presentado por la compañía para que las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica revirtieran al Estado.
De esa forma, tal como detalla el diario El País, Iberdrola habría evitado asumir los costes
de las obras. Los jueces consideran que “la demolición [por parte de la
empresa] está perfectamente justificada” porque una vez que finalizó en 2018 el
plazo de explotación (75 años desde el inicio de la concesión en 1943) otorgado
por el Estado, se considera que la infraestructura es “inviable”. El Ministerio
para la Transición Ecológica se decantó por el derribo de Los Toranes con
informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que plantean que su
mantenimiento es “contrario al interés público, a las exigencias
medioambientales y al plan hidrológico” y su rentabilidad, “dudosa”.
La sentencia corrobora el desinterés de la propia
Iberdrola por la central hidroeléctrica, que acepta el final de la concesión, y
que “evidentemente no aprecia su viabilidad”. Los jueces advierten, además, de
que no se ha actuado de manera “arbitraria”. “Por el contrario”, añaden, “consta
suficientemente que no es viable su mantenimiento, luego la obligación de
demolición está perfectamente contemplada en la normativa citada”.
Iberdrola contesta a EL PAÍS que “no está conforme
con la interpretación que ha realizado el TSJM de la normativa que regula el
dominio público hidráulico y, concretamente, del valor atribuido a las
condiciones establecidas en el título concesional”. Por lo tanto, recurrirá en
casación ante el Tribunal Supremo, “siguiendo el modo de actuar de otras
compañías que ya han planteado recurso de casación por este mismo motivo”.
La decisión de tirar la presa desató una fuerte
polémica entre detractores y partidarios de la medida, que todavía se mantiene.
Entre los contrarios a su desaparición se encuentran los alcaldes de los
pueblos de alrededor como Olba (el más cercano, de 226 habitantes), Albentosa y
San Agustín. El embrollo llegó hasta tal punto que el Gobierno de Aragón
intentó declarar las instalaciones Bien de Interés Cultural. No lo consiguió
porque se invadían competencias estatales. El regidor de Olba, Federico Martín
(PSOE) se queja de que “se está jugando desde una silla con los sentimientos de
una comarca y de unos vecinos de la España vaciada a los que el Gobierno
central no ha escuchado. Todavía estamos esperando a que nos reciban en
Madrid”.
Javier Marín, de la Asociación Mijares Vivo ―a favor
de que la central se mantenga en explotación―, advierte de que todavía falta
por resolver otro recurso que presentó su organización con el objetivo de parar
la demolición. No tiene muchas esperanzas de que la sentencia del tribunal les
sea favorable, porque “la resolución de acabar con la presa es política”,
mantiene. Marín argumenta que, ya que existe la central eléctrica, se podría
aprovechar, dada la situación energética y la oposición que está provocado en
Teruel la construcción de plantas de energía renovable por su impacto
ambiental. “Puede ser que desde el punto de vista económico la presa no tenga
un gran peso, pero sí con respecto al autoconsumo, como modelador del paisaje,
mantenimiento de la biodiversidad y para evitar incendios”, recalca. Además,
tampoco han observado ninguna mejoría en el medio desde que la central se cerró
hace dos años y no se deriva agua hacia ella.
César Rodríguez, de la Asociación Ríos con Vida,
explica que los cambios en la dinámica fluvial se observarán cuando desaparezca
el muro de la presa de 17 metros que permite embalsar un hectómetro cúbico. “Es
muy alto y obstaculiza el flujo natural del agua, de los sedimentos, nutrientes
y organismos como los peces, provocando un efecto barrera y un gran impacto en
una zona que mantiene un alto valor natural”, aclara. Cuando se tire, se
recuperaría la dinámica natural en más de 140 kilómetros de cursos fluviales en
la cuenca del alto Mijares, contando los cauces del Mijares y de los ríos
Albentosa y el Mora.
La plataforma El Mijares no se toca, de Ecologistas
en Acción, partidaria de la desaparición de Los Toranes por los beneficios
ambientales que produciría, considera que la sentencia del tribunal confirma
sus reivindicaciones al señalar que la presa “ejerce una presión significativa
y sería preciso mitigar dicha presión, siendo la eliminación de esta
infraestructura la medida más eficaz”. David Hammerstein, miembro del
colectivo, apunta que aunque se interpusieran otros recursos legales esto no
paralizaría el derribo de la presa y sus instalaciones eléctricas sobre el
cauce público del río Mijares. Y en el caso de que la empresa no acometiera las
obras, “es el Estado el que ha de proceder a la demolición como ejecución
subsidiaria y después cobrar a Iberdrola”.
“Las empresas se aferran a una cuestión de conceptos
cuando argumentan que si se ha acabado la concesión, las instalaciones
revierten al Estado y, como la presa ya no es mía, no la derribo”, afirma Pedro
Brufau, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y
experto en legislación de aguas. Pero se trata de una postura equivocada,
continua, porque “la jurisprudencia más reciente en conflictos con embalses en
el Júcar, Alto Tajo o en el río Eo confirma la obligación de demoler por parte
de la compañía concesionaria, a no ser que el Estado considere la posibilidad
de mantener la infraestructura”, apunta.
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