Fumigación aérea o el ruido de cañones antigranizo, entre las quejas más destacadas que llegan al Defensor del Pueblo
El campo no
escapa a las quejas que recibe el Defensor del Pueblo y, aunque no en gran
volumen, hay problemas relacionados con el mundo forestal, con los caminos y
otras más curiosas, como controversias por los cañones antigranizo para la
defensa de los cultivos o por la fumigación aérea.
En un análisis hecho por Efeagro de las resoluciones
públicas en el último año, se constata que estas quejas relacionadas con el
agroalimentario se dirigen principalmente a ayuntamientos, pero también a
diferentes consejerías de gobiernos autonómicos.
Contra los
cañones antigranizo
Quizá una de las más peculiares es la que un
ciudadano presentó a primeros de año por el ruido que generan los dispositivos
antigranizo instalados para la defensa de los cultivos en el Bajo Aragón.
El ciudadano presentó su queja ante el defensor del
pueblo autonómico (el de Justicia de Aragón) pero éste remitió el expediente al
Defensor del Pueblo estatal porque la regulación y autorización de estos
dispositivos es competencia de la Administración General del Estado y,
concretamente, de las confederaciones hidrográficas.
El Defensor del Pueblo pidió un informe a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que negaba haber dado autorización alguna
para colocar cañones porque ya pidió informes en su día a la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) sobre la efectividad de estos artilugios destinados a la
modificación artificial del tiempo.
Estos informes reflejaban que la efectividad de
estas técnicas no tiene base científica alguna; de ahí que no sea necesario que
la confederación autorice o deniegue su uso.
No obstante, la utilización de cañones no vulnera la
legislación de aguas ni tienen relación con el ciclo del agua, según se expone.
Con estos informes, el Defensor del Pueblo dirigió
una sugerencia al Gobierno aragonés al entender que, en el ejercicio de su
función de supervisión general, tiene que evaluar el problema de ruido que
genera el cañón antigranizo.
Le pide que, entre otras medidas, mida los niveles
acústicos que se alcanzan mientras se encuentran en funcionamiento y, en el
caso de que se superen los valores límites, se tomen algunas acciones para
minimizar el ruido como la imposición de condiciones de funcionamiento o de uso
(horarios, distancias mínimas u otras medidas correctoras).
Fumigación
aérea
La fumigación aérea de un fitosanitario para
combatir el hongo pyricularia del arroz también generó otra controversia a
primeros de marzo que llegó al Defensor del Pueblo porque una asociación se
quejaba del posible uso injustificado de medios aéreos en Cataluña, Andalucía y
Comunidad Valenciana.
La asociación veía falta de transparencia y pedía a
los tres gobiernos autonómicos copia de las autorizaciones otorgadas, de las
solicitudes que iniciaron el procedimiento y de los planes de aplicación del
producto.
En este caso, solo Cataluña le suministró la
información que pedía por lo que el Defensor del Pueblo reclamó a las otras dos
regiones que facilitasen a la reclamante dichas copias atendiendo a la Ley
27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
También dentro del ámbito de los plaguicidas, en
septiembre de este año, el Defensor del Pueblo hizo recomendaciones ante una
queja por la insuficiente información que la Junta de Extremadura había
aportado a un reclamante que quería datos y documentación sobre la aplicación
de un fitosanitario concreto (dicloropropeno) para combatir los nematodos que
afectan al cultivo del tabaco.
Además, el reclamante se quejaba de la falta de
suficiente control administrativo de la aplicación de los productos.
Tras hacer las averiguaciones y consideraciones
oportunas, el Defensor del Pueblo concluye, entre otros aspectos, que la Junta
de Extremadura debe informar al ciudadano que lo solicite sobre la
identificación y localización exacta de las parcelas en las que aplicarán
dichos fitosanitarios.
Reclamaciones
variadas
Pero hay más quejas, algunas de ellas de índole
municipal como la que presentó el propietario de una finca en un municipio
mallorquín quejándose de la entrada de ganado en su terreno procedente de un
monte comunal lindante porque el muro presentaba derrumbes y vallado
defectuoso.
En este caso, el Defensor del Pueblo pidió al
municipio que adoptara las medidas precisas para que el muro y el vallado se
ajuste a los requisitos establecidos en la normativa de protección de espacios
naturales, agrarios y cinegéticos.
El listado, no obstante, es variado e incluye quejas
sobre protección de aves esteparias; sobre un estudio de la perdiz roja en
Murcia para determinar el periodo de caza; o planes de ordenaciones cinegéticas
de cotos.
Sin embargo, las reclamaciones más habituales sobre
el sector agroalimentario y medioambiental son las relativas a la temática
forestal (medidas de prevención y extinción de incendios); o las relacionadas
con la pavimentación y obras de reparación de caminos públicos.
.-
Comentarios
Publicar un comentario